SD NORTE.- El Diputado Virgilio Merán propuso hoy la
estructuración de un Comité de Estudio interinstitucional, que involucre a las
organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado que trabajan
la violencia de género, para analizar a profundidad el fenómeno de la
“violencia contra la familia”.
El legislador señala que el alto índice de muerte de
mujeres a mano de sus parejas que registra en el país, hace necesario la
búsqueda de soluciones por todas las vías posibles, por lo que entiende que
desde la Cámara de Diputados, se puede impulsar la conformación de esta
comisión y los recursos para estudio, pudieran ser de los fondos legislativos y
de los organismos internacionales que trabajan en esta problemática.
“Esta es una situación muy grave que involucra a toda la
sociedad, y hay que encararla con mucha responsabilidad; por eso estamos
haciendo un llamado a la estructuración de esta comisión multisectorial, que
analice a profundidad este fenómeno, porque es un problema de todos.” Expresa
el legislador.
Dijo que en nuestro país se hace
referencia al feminicidio como delito, sin embargo en realidad no existe como
figura jurídica, sino que lo que está penalmente sancionado es el homicidio;
tras señalar que aunque tiene en sus manos un borrador de un anteproyecto de
ley sobre esta materia, se hace necesario un estudio profundo y minucioso que
involucre a toda la sociedad.
“Entiendo que de lo que se trata
es de una agresión a la familia, porque el agresor mata la mujer, mata sus
hijos y también se mata él; por lo que estamos ante un cuadro que merece un
análisis profundo y bien ponderado.” Expresó el legislador.
Virgilio Merán dijo que a partir de la próxima semana estará
convocando a las diferentes organizaciones a un encuentro, para a través de la
Cámara de Diputado impulsar la creación de esta Comisión, cuyas conclusiones
servirían de base para la formulación de políticas educativas preventivas.
De acuerdo a la propuesta del legislador esta comisión deberá
estar integrada por Psicólogos, Sociólogos, educadores, legisladores,
representantes de iglesias, ONGs, organismos nacionales e internacionales; y
tendría un plazo de tres meses para presentar las conclusiones.
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